A finales de mayo de este año 2019, el choque de un vehículo contra el pilar de una casa ubicada en José de Antepara y Huancavilca, en el centro sur de Guayaquil, dejó comprometido el inmueble de dos plantas en el que habitaban 83 personas. Como resultado, las aproximadamente 30 familias que vivían en la casa fueron evacuadas y tuvieron que buscar otro lugar de residencia.

El Municipio dispuso entonces la demolición tras corroborar que el inmueble no reunía condiciones para ser habitado. Vicente Campoverde, propietario de la vivienda, mostró su desacuerdo con la decisión municipal. Aseguró que el lugar estaba bien cuidado pese a su antigüedad.

Lo que Campoverde y los funcionarios municipales no explicaron en ese suceso fue si era factible que 30 familias habitaran un inmueble que ocupaba, aproximadamente, un área de 440 metros cuadrados.

La práctica de acondicionar casas para ser subarrendadas es común en propietarios de estructuras de dos y tres plantas, para obtener ingresos. Es un secreto a voces. Hay quienes admiten que no solicitan un permiso al Cabildo para realizar cambios que posibiliten establecer varios espacios habitables.

Si bien el artículo 61 de la ordenanza para construcciones y edificaciones no exige permiso de construcción ni supervisión profesional para obras menores, sí se solicita comunicar al Cabildo el inicio de los trabajos.

En el Municipio hay silencio sobre el tema. El pasado 5 de junio EL TELÉGRAFO envió un pedido de información al Departamento de Comunicación de la Alcaldía con preguntas puntuales acerca de las cifras, estatutos, tasas, controles y sanciones en esa materia.

La respuesta fue que los cuestionamientos deben ser dirigidos a las entidades competentes. “El Municipio de Guayaquil, como entidad, regula espacios públicos y negocios comerciales”, indicó una parte de la respuesta.

La consulta de las seguridades que deben tener las propiedades residenciales se extendió también al Servicio de Gestión de Riesgos y al Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG). Ambas entidades coincidieron en que la competencia es municipal. Este Diario insistió en varias ocasiones a la Alcaldía y, hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

El BCBG tiene competencia para emitir permisos únicamente a los inmuebles usados con fines comerciales e industriales. Sobre eso, sí existen cifras: en 2018 la entidad emitió 50.027 autorizaciones de funcionamiento y negó el trámite a 2.479 solicitudes que no cumplieron los requisitos de seguridad.

Los ingenieros civiles consultados hacen su lectura: Es difícil controlar a quienes promueven el hacinamiento en casas construidas originalmente para un número determinado de familias, tomando como referencia el caso del inmueble de Huancavilca y José de Antepara.

El ingeniero civil Carlos Vera, quien colaboró en proyectos estatales, indicó que para que una familia de tres miembros viva en condiciones saludables se requiere un espacio mínimo de 25 metros cuadrados. “Lo recomendable es no comprometer la circulación en un lugar que debe tener, al menos, espacio para dormitorio, baño y cocina”.

Desde 2018, la Cámara de la Construcción de Guayaquil inspecciona las nuevas construcciones como lo indica la ordenanza aprobada por el Concejo municipal, que obliga a contar con la inspección de un técnico.

En sectores como la avenida Quito, Colón, Sucre o Clemente Ballén, son comunes las casas divididas en piezas para el subarriendo. Los letreros están a la vista. (I)

Disposiciones
Ordenanza de inquilinato
En noviembre de 1950 el Concejo Cantonal de Guayaquil aprobó una ordenanza que obligaba a los arrendatarios a garantizar condiciones dignas para alquilar espacios dentro de inmuebles residenciales.

20 por ciento del salario básico es el valor por pagar a un ingeniero que asesore una obra, según ordenanza.

Trámites en Municipio
En 2018, en promedio, se tramitaron 1.200 solicitudes de construcción mensualmente, de las cuales el 50% no se aprobó, según datos del Municipio de Guayaquil. (I)