Los actos de vandalismo suscitados durante los 12 días de las manifestaciones tienen no solo como víctimas a la economía, el orden público y la educación.

Uno de los grandes perjudicados es el patrimonio cultural contra el cual, insensatamente, arremetieron sin miramientos algunos manifestantes, que no repararon en descargar su inconformidad contra valiosas obras arquitectónicas y dañar una infraestructura que había sido cuidadosamente conservada.

La Alcaldía de Quito evaluó como “negativa y nunca vista en las últimas décadas en nuestra capital” la destrucción del Centro Histórico, Patrimonio Cultural de la Humanidad. El Ministerio de Turismo se refirió, igualmente, a esta penosa situación y reprochó los daños a bienes patrimoniales por parte de grupos violentos en el casco histórico de la capital y también de Cuenca.

Estos lugares son un importante atractivo tanto para los ecuatorianos como para el mundo y los daños que se le hacen afectan la imagen del país y del turismo, además de las personas que viven de ese honroso trabajo.

La democracia contempla el respeto a las formas de expresión y debe tolerar las manifestaciones en contra del orden establecido, siempre y cuando estas se enmarquen en lo que determina la ley. Pero la libertad de la que gozamos no puede convertirse en un libertinaje que eche abajo el esfuerzo de generaciones que construyeron hermosas ciudades con valiosos testimonios del arte y la cultura en sus diferentes épocas.

En el proyecto del nuevo Código Integral Penal se endurecen las sanciones para quienes atenten contra los bienes patrimoniales.
La destrucción, sustracción, comercialización o adulteración de las riquezas del patrimonio cultural están consideradas como delitos contra el derecho a la cultura. Tales acciones merecen un total repudio y no pueden ser toleradas.

Ayer, centenares de residentes de Quito salieron a limpiar la ciudad y muchos se han autoconvocado para realizar una minga. Ese es el valor que los ciudadanos dan a su ciudad. (O)