No es un tema nuevo; lo hemos tratado en   este mismo espacio. Sin embargo, el nivel de caos generado por tres horas de lluvia  en la noche del pasado lunes nos obliga a insistir sobre el  asunto, pues las condiciones generadas por las precipitaciones rebasan todo límite de comprensión, además de que dejan al descubierto la vulnerabilidad de la ciudad y la absoluta desprotección en la que vivimos.

El problema más grave  no lo constituyen las calles inundadas, las alcantarillas rebosadas, la falta de transporte público o el embotellamiento vehicular,   sino la pasividad con la que la población asume la   ineficiencia de la administración local, la falta de planificación, el quemeimportismo de las autoridades e incluso la  ausencia de solidaridad entre la ciudadanía.

Cuando está por terminar la  época invernal nos enfrentamos al reto urbano de contar con una nueva troncal del servicio de transportación masiva, conocido como Metrovía, que aunque necesario y urgente, bien pudo esperar hasta la temporada seca, que es el verano, para empezar los trabajos y evitar  las consecuencias  de las lluvias. Y a pesar de  que los responsables de esos trabajos  citan la eficacia de tal o cual país, o gobiernos a los que admiran, no han logrado imitar las prácticas de calidad y respeto por el ser humano.  Trabajos de esta naturaleza, en  España, Estados Unidos, Alemania, o cualquier otro Estado donde haya administradores con un mínimo de sentido común, se ejecutan una vez que ya no hay nieve o lluvia; lo hacen cuando llega la estación  más benigna y en horarios nocturnos, para no incomodar a la  población, que son los usuarios de  la obra pública.

La lluvia del lunes demostró, además, que Guayaquil carece de una institución eficiente para dirigir el tránsito vehicular.

Durante las horas de lluvia, e incluso después, el recorrido de un tramo de seis cuadras en la avenida Quito, una de las principales arterias de la urbe, demora hasta 40 minutos. No se trata de que ese día salieron   más carros, sino que no había control.

Ante estas evidentes amenazas a la seguridad y el bienestar ciudadano -y a la indiferencia de la administración local- las autoridades nacionales deben poner en marcha un plan de contingencia que proteja a los más de tres millones de habitantes que vivimos indefensos, especialmente en emergencias como la vivida el pasado lunes.