Empezaron por lo más fácil, como ya parece una ‘tradición’ ecuatoriana: echar la culpa de todo al otro. Ahora resulta que la caída de los precios del petróleo es culpa del Gobierno. Lo dicen editorialistas y analistas que fungen de expertos en estos temas. Para ellos la máxima autoridad del país debió prever esta situación. Igual pasa con el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi. Se ha llegado al ridículo de decir que hubo un manejo sospechoso de este tema, según estos ‘expertos’, para que coincida con la protesta de los indígenas y la afecte.

De todos modos, esos señalamientos de que hubo necesidad de previsión, de ahorro, de contar con un ‘colchón’, podrían entenderse, siempre y cuando otros problemas estuviesen resueltos. Pero la cosa no va por ahí. Lo de fondo es minar la imagen del Gobierno y con ello sentar las bases para un discurso y todos los argumentos electoralistas.

Sería muy fácil echarle la culpa de la caída de los precios del petróleo. Claro, si viniera otro Gobierno, todo estaría resuelto, de la noche a la mañana todas las penurias que supuestamente atravesamos pasarían al olvido y el futuro sería un largo camino empedrado de rosas y de bienaventuranzas.

Lo fundamental ha quedado de lado: cuando se convocó a un diálogo nacional para la equidad y la justicia social, bien se pudo aprovechar (como sí han hecho miles de organizaciones sociales) para abordar lo de fondo. Y eso es precisamente asumir un reto social, colectivo, entre todos, para determinar las prioridades del país y no para garantizar los derechos de unos pocos. Mucho más si sabemos que las dificultades económicas podrían afectar a los más pobres y también que en estas circunstancias hay sectores que sacarán tajada sin importarles los demás.

Como sociedad, nos corresponde afrontar esta coyuntura difícil. Si los precios del petróleo siguen en ese declive o se mantienen en una cifra que no alimenta el presupuesto de inversiones y el gasto público, evidentemente hay que actuar en conjunto. Y ello implica una suerte de acuerdo nacional para producir más, evitar gastos innecesarios, priorizar a los sectores populares y generar las condiciones (en plena dolarización) para evitar la salida de divisas.

Pero también obliga a los gobiernos autónomos descentralizados a una disciplina en el gasto. Buena parte del presupuesto general del Estado está en esas entidades y son las que de un modo directo atienden a la ciudadanía.

El Gobierno ya ha dado la pauta, pero hay quienes aprovechan la ocasión para volver a las fórmulas tradicionales que ya sabemos a dónde apuntan: a desacreditar el modelo político, instalar el famoso ajuste neoliberal y para pedir condiciones adecuadas para el gran capital y la rentabilidad.

Todos deseamos que esta difícil situación sea afrontada con sabiduría, pero de modo colectivo. Nuestro país no se la buscó. El mundo entero sabe por qué ocurre y tenemos por delante retos para, en medio de lo difícil, armar una estrategia común que permita tener el menor impacto. Y si eso no se entiende, solo será porque todo el aparato político-mediático conservador utilizará esto para fines absolutamente proselitistas. (O)