Desde la llegada de Rafael Corra a Carondelet hemos compartido  momentos de trascendencia histórica, tan valiosos como los consecutivos triunfos electorales, y otros no tan gratos como los lamentables hechos del 30 de septiembre de 2010.

Sin embargo, y basándonos en las palabras del  Jefe de Estado, los tiempos actuales son -quizás- los de mayor importancia y responsabilidad del Gobierno Nacional.

El pueblo ecuatoriano, en pleno ejercicio democrático, exigió con sus votos -el pasado 7 de mayo-  un profundo y radical cambio en el obsoleto sistema de justicia, el mismo que -a vista de todos- se cae a pedazos sacudido por actos de corrupción y escándalos entre sus actores.

Una vez publicados los resultados oficiales (publicados más de 60 días después por las constantes impugnaciones) el  siguiente paso era la conformación del Consejo Tripartito, organismo encargado de que vuelva a renacer  la justicia en el país. Sin embargo, una nueva mayoría de oposición impidió el viernes anterior la designación del último de los delegados  al flamante organismo.

Hoy está previsto que los asambleístas acudan, una vez más, al pleno del Parlamento. Esta sesión será  histórica, pero dependerá de sus actores  que sea recordada como un hito o como otro fiasco para  los ecuatorianos.

Mucha tinta se ha utilizado en estos días para describir el contenido  los cabildeos entre  bloques legislativos, la posición de Alianza PAIS y la negativa de la oposición para respaldar cualquier intento del movimiento oficialista en la nominación de una candidata para el Consejo Tripartito.

Mayoría y minoría, a estas alturas muy  difíciles de diferenciar, deberán entender que el comienzo del cambio en la Función Judicial no es una de las eternas pugnas políticas que se ventilan en el Parlamento, sino un paso histórico para darle  a la ciudadanía la seguridad que tanto  merece. Ecuador comprobará hoy el nivel de sensatez legislativa.