Nadie puede adelantar criterio jurídico. Nadie puede anticipar una sentencia. Y, por tanto, nadie puede presionar o incidir en la administración de justicia. Si fue convocado por delitos de lesa humanidad el caso debe llegar a su término dentro de lo establecido en la Constitución y en las leyes de la República, fundamentalmente para que se haga justicia, nada más. Todo el país necesita transparencia y probidad. Así podemos entendernos. Las víctimas pueden continuar con su vida y los responsables, si reciben o no sentencia, sabrán asumirla con base en su propia conciencia. Ya se ha dicho de todas las maneras: no se juzga a las personas, sino a los delitos, tampoco a las instituciones. Al contrario, si fuese así, ninguna institución podría contar entre sus miembros a seres humanos porque nadie es infalible ni perfecto. Las instituciones se fortalecen en la medida que sus miembros cumplen su deber a cabalidad, no para ellas en sí mismas, sino para la sociedad. La historia está llena de ejemplos: los funcionarios pasan, las instituciones siguen. Sí, todos queremos una justicia plena, sin venganzas ni odios de por medio. (O)
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