María Alejandra Vicuña, exvicepresidenta de la República, quien es acusada de exigir aportes a sus excolaboradores para mantenerlos en sus cargos cuando era asambleísta, tendrá que esperar para conocer si se acepta o se rechaza su recurso de apelación.

Ayer, viernes 8 de enero, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por los jueces David Jacho, Iván León y la jueza, Dilza Muñoz, resolvió suspender la audiencia e informó que se notificará la hora y fecha para dar a conocer su resolución.

El 30 de enero de 2020, la exfuncionaria fue sentenciada a un año de prisión tras ser declarada culpable por delito de concusión en el denominado caso "Diezmos".

Según Fiscalía, Vicuña recibió 68 transferencias bancarias depositadas en sus cuentas personales por $43.295, de tres asesores. La defensa argumentó que se trató de donaciones realizadas de manera voluntaria.

En un principio, el Tribunal estableció una pena de cuatro años, pero consideró los atenuantes solicitados por la defensa de Vicuña y redujo la pena a un año. En la apelación, la Fiscalía pidió un incremento a cuatro años.

Parecería que se trata de una audiencia aislada. Pero no lo es. Luego de esta diligencia, en la misma Corte se llevó a cabo otra por vinculación en contra de John Álava, esposo de la asambleísta Karina Arteaga, quien también está señalada por delito de concusión.

En esta misma causa se vinculó a Jenny Muñoz, su exsecretaria de despacho.

Wilson Toainga, fiscal Subrogante, indicó que Álava y Muñoz recibieron transferencias por el personal del despacho de Arteaga. El dinero habría provenido de los cobros indebidos que Arteaga exigió a sus excolaboradores para el movimiento Alianza PAIS.

Y los actos por concusión siguen. El jueves 7 de enero, otro Tribunal Penal de la CNJ rechazó el recurso de apelación presentado por la exasambleísta Norma Vallejo y la condenó a cumplir dos años de cárcel por otro caso de Diezmos.

Los exasesores de Vallejo denunciaron que les cobraba montos entre $ 150 y $ 300 en efectivo para permanecer en sus cargos.

Resulta inaudito cómo en 24 horas, se cumplieron tres audiencias en donde se procesa a altos funcionarios que exigieron dinero a sus colaboradores a cambio de que "las hagan el favor" de mantenerlos en sus cargos.

Es importante tener en claro, recordar y repasar que la acción de cobrar dinero a una persona, para que se mantenga en su puesto -acto tan conocido como "diezmos"- no es más que un acto reprochable, bajo en calidad humana que se está encarnando en las instituciones públicas. 

No importa el caso del que se hable, urge que haya sanciones justas a estas conductas. Es importante que los ciudadanos y el sistema de la justicia demuestren cero tolerancia a estos actos de corrupción. (O)