La campaña para la consulta popular, planteada por el Ejecutivo,  entra en la recta final.

Cuando quedan menos de dos semanas para que la ciudadanía ejerza su derecho a responder el cuestionario propuesto por el Jefe de Estado,   los actores políticos que se manifiestan   a favor y en contra de la intención y transparencia de las preguntas están en la obligación de clarificar su posición frente a las  necesidades ciudadanas que los medios de comunicación se encargan de reproducir diariamente.

Para que esto ocurra, la despolitización del debate es   urgente; no es la figura del Presidente de la República la que está en juego, y así deben entenderlo quienes hacen proselitismo por el No. Las encuestas registran altísimos porcentajes de respaldo al Primer Mandatario, y nadie debe perder el tiempo en maquinar ganadores o perdedores en la cita del domingo 7 de mayo.      

Es la confrontación  de ideas lo que permitirá que la democracia se convierta en una práctica permanente y deje de   asumirse como una utopía.

Este elemental principio garantizará que, antes del  día de la consulta, se perciba una campaña llevada con altura. Las autoridades electorales tienen la responsabilidad de mantener el equilibrio entre quienes se manifiestan a favor o en contra de la seguridad y la transparencia de los tribunales encargados de administrar justicia.

Cualquier actitud fuera de estos límites solo perjudicará al proceso. En este escenario, los medios de comunicación    tienen responsabilidades en cuanto a la objetividad que requiere el proceso electoral y no sobre adhesiones partidistas que tanto daño le han causado al país.

Este conjunto de acciones permitirá clarificar  el panorama electoral  que está orientado a cambiar definitivamente el rumbo por el que debemos seguir  los ecuatorianos.

Y sea cual fuere  el resultado del proceso, una consulta y un  referendo transparentes   siempre constituirán  una victoria para la democracia y la consolidación del Estado nacional.