La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), suscrita en 1948 por los Estados fundadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ratificada con posterioridad, determina que “Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia […] la vivienda”. Asimismo, el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución de nuestro país enumera a la vivienda entre los elementos necesarios para gozar de una vida digna, además de otros componentes como salud, alimentación, agua potable, saneamiento, educación y seguridad social.

En Ecuador, el déficit de vivienda es de alrededor del 50% de los 4,3 millones de hogares registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Por lo que el tener un lugar propio para vivir es uno de los mayores sueños para una gran cantidad de personas. Y la propiedad de la tierra es el primer paso para que esa aspiración se cristalice.

El viernes último, el Presidente de la República entregó títulos de propiedad a cuatro mujeres jefas de familia del sector de Monte Sinaí. No es la primera acción de ese tipo realizada en esa zona popular del noreste de Guayaquil. Desde enero, la Gobernación del Guayas ha entregado 3.500 escrituras y la aspiración del Ejecutivo es completar 7.000 legalizaciones de predios. El proceso no lo ha detenido ni siquiera la pandemia por el covid-19 pues, durante los últimos meses, la entrega de títulos se ha realizado puerta a puerta y se planea continuar de la misma manera.

Pero en la planeación del Gobierno no consta únicamente la regularización de tierras destinadas para vivienda, sino también aquellas que tienen fines productivos. En ese sentido, el Jefe de Estado estuvo el jueves en el cantón Tena (Napo), donde entregó 21 títulos de propiedad que benefician en total a 26 familias en una extensión de alrededor de 500 hectáreas.

Hechos que, sin duda, generan gratitud de los beneficiarios, pero que, sobre todo, mejoran la calidad de vida y dan dignidad a miles de ciudadanos. (O)