La decisión gubernamental de eliminar el subsidio a la electricidad para quienes consumen más de 500 kilovatios no es una medida aislada, pero  se la esperaba. Por equidad, quien más consume no puede evitar pagar más. El “desarrollo” de unos no puede empobrecer al resto.

Sin embargo, hacen falta otras acciones y, sobre todo, una cultura que no esté sustentada en  el gasto económico sino en el beneficio ambiental y social de ese ahorro y del pago por el consumo excesivo.

Solo en la medida que exista una responsabilidad colectiva para consumir lo necesario, que los restaurantes y hogares no tengan encendidos los televisores todo el día y sin que los vean, cuando la luz sea un recurso vital y no una fuente de despilfarro no harán falta tarifas selectivas ni pagos elevados. Y para que eso ocurra, desde ahora, en las escuelas y a través de los medios, se debe sembrar una cultura para alertar sobre el riesgo de quedarnos sin energía por el derroche de unos pocos. Mientras eso ocurra y no tengamos cimentadas fuentes alternativas, es responsabilidad pública del Estado proponer salidas eficientes, efectivas, equitativas y urgentes para solucionar el gasto por subsidios y que esos recursos se destinen a otras necesidades sociales. Y en eso juegan un rol trascendental los gobiernos locales. Sin ellos, y su acción directa y cercana con las comunidades, jamás habrá resultados nacionales. Las pérdidas también ocurren porque localmente no se ha evitado, con firmeza, el abuso del usuario y hay ausencia de control.

Evidentemente es una medida que deberá ser evaluada en su integralidad, pues tampoco se puede olvidar la existencia de las llamadas pérdidas negras y el robo de energía.

Por eso no es ni puede ser una medida aislada. Tiene que inscribirse en un plan global y en una campaña de educación desde las escuelas y los hogares, por el bien del planeta, la naturaleza y el bienestar colectivo.