Durante dos días Galápagos será el escenario de un encuentro nacional cuyos resultados serán un factor clave para el presente y futuro de la región insular, tanto en su actividad pesquera, como en su desafío de sostenerse como reserva marina.
El sábado 23 y domingo 24 de enero representantes del sector pesquero industria y artesanal, junto con delegados de organizaciones ambientales y autoridades nacionales tendrán la oportunidad de exponer sus puntos de vista. Lo que se pretende es consensuar los criterios de cada sector en pro de fortalecer el desarrollo sostenible del archipiélago.
Los temas son variados: se analizará la situación de la pesca artesanal, que insta a que se les permita ejercer la actividad dentro de la zona de reserva; también se evaluará los efectos de la pesca industrial, la propuesta de la nueva área marina protegida en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), el manejo de la pesca incidental, el control marítimo, entre otros puntos que al final de la jornada permitirá elaborar un nuevo plan de desarrollo para 2030.
También habrá espacio para otro tema: la forma en que Ecuador pueda hacer frente a un desafío que año a año se ha hecho recurrente: la presencia de flotas pesqueras internacionales. El año pasado fue motivo de preocupación, pues cerca de la Zona Económica Exclusiva cientos de buques hicieron su presencia; si bien las autoridades marítimas en sus constantes monitoreos vigilaban que no ingresaran al área de reserva, las especies no entienden de estas fronteras invisibles y eran presa fácil de sus capturas.
Estos y otros temas son los que convocan a los actores de esta actividad al encuentro; y por las razones anotadas, Galápagos se convierte en el centro neurálgico de estas discusiones en la que, al final se espera llegar a resultados que permitan la adecuada convivencia en las diferentes actividades en una zona considerada frágil por su ecosistema.
Como colofón, el Ecuador anunció por lo pronto una postura firme en el seno del Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur: la prohibición de trasbordos en alta mar y mayor número de observadores en embarcaciones que son parte de la organización; esto con el fin de asegurar un mayor control de las actividades que realizan las flotas pesqueras y mitigar los efectos de la pesca ilegal, considerada como la gran amenaza de los llamados santuarios marinos en Latinoamérica. (O)
