Ocho años de prisión. Esa es la sentencia contra el expresidente de la República, Rafael Correa, y otras 15 personas, entre ellos el exvicepresidente, exministros y empresarios, por el caso de corrupción Sobornos 2012-2016, que fue ratificada ayer por el Tribunal de casación de la Corte Nacional de Justicia.

El Tribunal confirmó los argumentos de la Fiscalía en demostrar el delito que cometieron Correa y sus ministros. El expresidente instigó y aconsejó al resto de sus funcionarios que reciban sobornos de las empresas privadas a cambio de contratos de obras públicas.

Esta última instancia rechazó los recursos de casación para los procesados, que eran cercanos al exmandatario: Vinicio Alvarado, exministro de Turismo; Viviana Bonilla, excandidata a la alcaldía de Guayaquil; Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia; Christian Viteri, exasambleísta por PAIS.

Mientras a Pamela Martínez, exasesora de Presidencia, el Tribunal dispuso -por su cooperación eficaz que entregó las pruebas del delito- la pena de nueve meses y 22 días. Su primera sentencia fue de 32 meses.

Los sentenciados deben pagar una indemnización al Estado de $14,5 millones, dividida así: las personas con sentencia ratificada, en calidad de autores y coautores deberán pagar $ 778.000 cada uno, mientras los cómplices $ 368.000 cada uno.

Correa escribió en su cuenta de Twitter que es una persecución política para evitar su candidatura a la vicepresidencia de la República en las próximas elecciones. Pero este no es un caso político, sino penal en el cual fue condenado por un grave delito contra la administración pública.

Sobornos 2012-2016 salió a la luz gracias a la investigación de dos periodistas: Fernando Villavicencio y Christian Zurita. Ambos tuvieron las agallas que a los demás les faltó en una década de oscurantismo, dominada por el autoritarismo, la concentración de poderes, la corrupción y la persecución.