Las pérdidas por el paro impulsado por el gremio de los transportistas el 3 y 4 de octubre son millonarias. Los datos, por ejemplo, de la Cámara de Industrias y Producción (CIP) indican que por día se perdieron $ 262 millones. Uno de los sectores más golpeados fue el comercio al por mayor y al por menor, cuyas pérdidas alcanzan los $ 139,87 millones.

La medida, derogada la tarde del viernes, no implicó únicamente el cierre de carreteras, sino la suspensión de vuelos desde Quito. El jueves el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre canceló 27 vuelos.

El gremio del volante violó la ley y la Constitución. La justicia determinará las sanciones pertinentes para los miembros de un sector donde los ingresos superan a los egresos, hecho que no se verá afectado con la entrada en vigencia de las reformas económicas y, por ende, de la liberación de los combustibles diésel y gasolina extra.

Es importante cuestionar cómo los transportistas han operado históricamente. Son varios los episodios en que sus dirigentes buscan presionar al Gobierno de turno para mantener y mejorar sus beneficios; líderes que, además, se han perpetuado en sus cargos durante años.

La ciudadanía reclama constantemente una mejora en la calidad del servicio que ofrecen y aunque esto no ha ocurrido, sus compensaciones económicas son más significativas que los gastos que afrontan. En nuestra edición del próximo lunes 7 de octubre presentaremos un reportaje en donde trabajadores del transporte exponen explotación, abuso e ilegalidad: carencia de compensación por horas extras, pago de décimos, utilidades y seguridad social.

Durante dos décadas, el gremio de transportistas se ha favorecido del Estado ecuatoriano. No solo el subsidio a los combustibles era su beneficio, los transportes debían cumplir con dos revisiones técnicas vehiculares al año, pero en 2016 Rafael Correa firmó el Decreto 975 que lo disminuyó a un solo control. Los dueños de los buses no pagan Impuesto a la Renta, cuentan con un bono de chatarrización y compensaciones económicas. (O)