La Policía Nacional se ha tomado casi un año para decidir lo que debió resolver sin demora. Retirar de sus filas al coronel Rolando Tapia prueba que el oficial violó los reglamentos internos y al hacerlo tuvo responsabilidad en los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010 en las instalaciones de la Asamblea Nacional y en complicidad con lo que pasaba en el resto del país.

Por lo tanto, la decisión de la cúpula policial pone en claro dos asuntos que debemos discutir a nivel nacional, independientemente de las justificaciones políticas avaladas por opositores irresponsables para actos con castigo penal.

Primero: con la sanción hay un reconocimiento de que en sus filas hubo una sublevación y que ella ocurrió desde los altos mandos, desconociendo a su comandante general, sin descartar el atentado contra el Presidente de la República. En lo orgánico, un policía que desconoce el poder civil, lo irrespeta para beneficio particular, impide el desenvolvimiento de las instituciones democráticas, tiene que asumir las consecuencias.

Segundo: la campaña mediática para reivindicar la supuesta persecución a los policías involucrados en el intento de golpe de Estado pierde piso, credibilidad y legitimidad. Revela además que por encima de los afectos o desafectos la prensa está obligada socialmente a jugar el rol democrático que le impone la ciudadanía: publicar hechos y dar datos lo más cercanos a la verdad, para que el país sepa lo que ocurre y no lo que desean los políticos.

Entonces, queda flotando una pregunta obvia: ¿Si el coronel Tapia fue dado de baja, por qué los demás policías involucrados en todos los desmanes comprobados no están fuera de la Policía? ¿Cuánto más debe esperar el Ecuador para que el mando policial sancione ejemplarmente a sus subordinados de modo que se siente un precedente histórico?