Algunos analistas creen que combatir el peculado, el cohecho, la concusión o la asociación ilícita no es una cuestión de hacer nuevas leyes en la materia. Otros dicen que es indispensable endurecer las normas para que los corruptos no salgan en libertad después de dos o tres años de prisión. Eso ocurrió con el exministro de Electricidad del gobierno correísta, Alecksey Mosquera.

Él fue sentenciado a cinco años de cárcel por lavado de activos y peculado en la trama de corrupción de Odebrecht. Mosquera está acusado de recibir $1 millón de la empresa brasileña de construcción; su padre y tío también estuvieron presos como cómplices.

Hoy la Asamblea votará el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en materia Anticorrupción, que reúne 10 propuestas presentadas por legisladores de diferentes bancadas y el Ejecutivo.

Las reformas al COIP tipifican tres nuevos tipos penales: la obstrucción de la justicia (en todo proceso judicial), sobreprecios en contratación pública y actos de corrupción en el sector privado.

Amplía la máxima pena de los delitos de corrupción, por ejemplo, peculado a 13 años; cohecho a 10 años; concusión a siete años; tráfico de influencias a cinco años; por sobreprecios siete años. La corrupción en el sector privado se sanciona hasta con 10 años de prisión. 

También es obligatorio el informe previo de la Contraloría para toda contratación pública, que eliminó el gobierno de Rafael Correa para evadir los controles anticorrupción.

El proyecto, además, introduce la figura de cumplimiento de la norma (compliance), es decir, pautas, reglas y directrices que se promoverán en todas las instituciones pública y privadas del país para prevenir la corrupción. Establece como atenuante de la infracción que la organización haya implementado sistemas de integridad efectivos, robustos, medibles y auditables.

La aprobación del proyecto de ley anticorrupción fue uno de los requisitos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para otorgar el crédito a Ecuador por $6 500 millones, que se aprobó el 30 de septiembre 2020. El organismo internacional pidió transparencia, dolarización y sostenibilidad fiscal.

Sin embargo, la ley resultará insuficiente si sigue la impunidad.