Un sentenciado a ocho años de cárcel por el delito de corrupción de cohecho agravado no puede salir en una propaganda electoral. Esa publicidad es pagada con los impuestos de los ciudadanos.

Resultó al extremo cínico que el expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia por el caso Sobornos y  señalado en el caso del secuestro a exasambleísta, Fernando Balda, pida en una publicidad el voto para la coalición UNES. Su candidato presidencial es Andrés Arauz.

Su presencia en un spot de televisión, que se transmitió durante el segundo día del debate presidencial organizado por Diario El Comercio, desató la indignación de los ecuatorianos en las redes sociales.

Ese reclamo llegó hasta la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, quien solicitó un análisis jurídico del caso. También explicó que el CNE de Pichincha autorizó ese video con el exmandatario que tiene 34 investigaciones en la Fiscalía.

Al final, la máxima autoridad del CNE informó el martes por la noche que retiraba la publicidad de Rafael Correa. Pero este tema no debe quedar allí, ¿cómo permiten a un condenado encabezar una propaganda electoral? ¿Quiénes son los responsables de esa autorización?

Los sentenciados por corrupción pierden sus derechos políticos por 21 años, eso dicen las leyes que no aplican las autoridades del CNE.

Alguien tiene que responder por esa afrenta pública y debe ser sancionado para evitar que en el futuro otros corruptos hagan lo mismo.

Pero este caso también tiene una lectura política. Quizá el candidato Arauz no crece en la intención del voto por varias razones y los seguidores de Correa están desesperados. Por eso utilizan a su líder para hacer propaganda y pedir el voto de los ciudadanos.

Sin embargo, recuerden que Correa se metió en la segunda fase de campaña electoral para reelegir a Augusto Barrera como alcalde de Quito, pero recibió un portazo de los capitalinos. (O)

El país está harto de tanta corrupción y no puede volver a lo mismo.