El episodio es por demás desagradable y se ha hecho recurrente. En esta semana, una mujer en estado de gestación tuvo el valor de denunciar a un sinvergüenza que aprovechándose de que un bus de la Metrovía iba -como ya es normal- con exceso de pasajeros, se le arrimó por la espalda.

La señora, incómoda como es lógico, buscó otro sitio para pararse una vez que se bajaban los pasajeros, pero el pervertido la seguía.

Un usuario que se percató de lo que ocurría no dudó en sacar su mano y asestarle un golpe en la cara al malviviente que sin ningún tipo de escrúpulo contestó que no era su culpa si su miembro se salía de su pantalón.

Aquí hay dos escenarios por demás cuestionables: primero, nadie le cedió el asiento a la joven embarazada (ni los amarillos que son de uso especial) y, segundo, ella fue víctima de abuso sexual, un delito que está tipificado en el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y cuya sanción va de tres a cinco años de cárcel.

Dicha normativa establece que quien en contra de la voluntad ejecute u obligue a realizar un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal estará sujeto a esta pena.

En los vehículos de transporte público los pasajeros están sujetos a vejaciones diarias como el robo, el empujón, el manoseo, los malos olores, escuchar palabras obscenas, soportar a borrachos y a quienes se hacen los borrachos para arrimarse a mujeres e intimidarlas o también para sustraerse lo que no es suyo. En el país debería lanzarse una campaña nacional para erradicar este tipo de maltrato, socializando en las paradas de buses, en los mismos automotores, en las calles, espacios públicos y, primordialmente, en los hogares y escuelas, que todos merecemos respeto y que el servicio de la transportación masiva urbana no debe ser motivo de desaliento para aquellos que necesitan movilizarse a sus trabajos, sitios de estudios, domicilios. Si se da el caso como el ocurrido es necesario denunciar, no callar, porque el que calla otorga. (O)