Las estrategias desplegadas por los propietarios de cualquier medio privado de comunicación, que sienten próximo el cumplimiento de una sentencia y el pago millonario indemnizatorio que determina la ley, explicaría de alguna manera la desesperación y el manejo de cartas marcadas en una partida jamás imaginada en la historia del país.

Pero como los ecuatorianos ya aprendimos a perderles el miedo, el problema -para ellos- es que la opción desestabilizadora, innata en la vieja y nostálgica derecha política y financiera, no tiene partidarios entre quienes respaldan irrestrictamente la gestión del Gobierno. Entonces insisten y tratan de construir argumentos insidiosos y poco creíbles sobre libertades y derechos, elementos de la práctica democrática que los mantuvieron secuestrados como un patrimonio individual y de clase.

Y reparten otra vez el naipe en el pequeño espacio que tienen sus aliados en la Comisión Ocasional de Comunicación de la Asamblea Nacional. Luego de la primera mano, sus voceros anuncian que, ante la supuesta negativa del régimen para invitar oficialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la ONU (CIDH), para que constate las violaciones a la libertad de expresión, buscarán una resolución que exhorte al Presidente de la República a cursarla.

La muletilla utilizada es falsa -de falsedad absoluta-, pues cualquier recomendación que nazca de un organismo al servicio de los intereses personales y corporativos de los dueños de los medios de comunicación no es de carácter vinculante.

Este saludo a la bandera, manotón de ahogado, o cualquier otra actitud similar, solamente tiene el propósito de escandalizar a los que aún no conocen o han olvidado cuánto daño causaron con la lógica del mercado y el capitalismo salvaje -que tanto defienden- a miles de familias que lo perdieron todo en la crisis financiera de 2008-2009, solo para poner un ejemplo.

Así que, como podría haberlo dicho Shakespeare si viviera: “Pagar o no pagar, he ahí el dilema”.