11 días de manifestaciones. Eso ocurrió del 1 al 13 de octubre de 2019 en Ecuador. Todo empezó por el Decreto 883 que eliminó los subsidios de los combustibles y desencadenó una protesta social legítima. Pero también hubo  violencia, saqueos, asaltos, suspensión intencional de algunos servicios públicos, brotes de insurrección, secuestro a periodistas, policías y militares, heridos y muertos.

Los transportistas paralizaron sus motores, los sindicatos, estudiantes y otras organizaciones sociales se unieron a esas protestas. Los  indígenas caminaron desde sus provincias hasta Quito, bloquearon caminos y vías, destruyeron bienes privados y públicos, impidieron que se trabaje en plantaciones florícolas, cortaron el agua de algunas ciudades, y algunos de sus dirigentes hasta llamaron a desconocer la institucionalidad y al Ejecutivo. Mientras los seguidores de un expresidente se aprovecharon de esa situación, avivaron las manifestaciones intentaron desestabilizar al país, e hicieron una guerra digital con desinformaciones y noticias falsas.

Los asambleístas de la organización política de ese exmandatario exigieron la renuncia del Presidente, anticipar las elecciones nacionales de 2021, convocaron a juntas populares y comités barriales, y hasta su líder, prófugo y sentenciado a siete años de prisión por el caso de corrupción Sobornos 2012-2016, se ofreció como candidato presidencial.

Uno de sus legisladores y un prefecto participaron en la paralización, de dos horas y 20 minutos, de la estación de bombeo Lago Norte Uno, en Sucumbíos. El primero fue sentenciado a un año y cuatro meses de prisión por complicidad en ese hecho; el segundo Mientras una exalcaldesa  supuestamente participó en el cierre del Puente de la Unidad Nacional.

La máxima autoridad de la provincia de Pichincha, su asesor, y  un exlegislador fueron procesados por presunto delito de rebelión. La Fiscalía, que abrió 669  indagaciones, los acusó de trabajar para romper el orden constituido. 

Otros cuatro asambleístas de esa misma organización, entre ellos la expresidenta del Legislativo, entraron en la embajada de México y pidieron refugio. Aunque ellos no han sido investigados.

Al final de esos terribles días, en los que quemaron a la Contraloría, atacaron a Teleamazonas y destruyeron el Centro Histórico, se logró reestablecer la paz social y el diálogo. Que esa historia nunca se repita.