Presuntas irregularidades en el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol). Eso denunciaron ayer la ministra de Gobierno, María Paula Romo, el comandante general de la Policía, Patricio Carrillo, y el director de la entidad, General (sp) Jorge Villarroel.

Un estudio técnico integral ordenado por la Ministra de Gobierno, una auditoría de la Superintendencia de Bancos y un análisis de la Contraloría evidencian supuestos actos ilícitos en la administración financiera del Isspol durante el gobierno de Rafael Correa.

Esa entidad, que tiene 80 mil afiliados, entre policías activos y pasivos, administra los fondos de reserva, concede prestaciones de retiro, invalidez y muerte.

Hay una larga lista de casos irregulares: la compra de bonos, pactos de recompra, bonos con diferentes plazos. Hay 200 casas construidas en Montecristi, con una inversión de más de $14’000.000, pero solo se han vendido dos. También está el fideicomiso firmado con la Universidad Técnica Equinoccial (UTE), que supera los $7’000.000 y que no ha pagado.

Además está la compra de la hacienda Anchamasa, en Uyumbicho, en Pichincha, en 2014. El valor fue de $14’800.000, aunque el avalúo comercial era de $500.375,33.

A eso se suman otras cinco denuncias por adquisición de bienes inmuebles, en Guayaquil y Quito, con sobreprecios.

En estos casos se han detectado posibles delitos: malversación, fraude, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y otra serie de acciones ligadas al crimen organizado.

Las autoridades tomaron correctivos, por ejemplo, definieron una política de inversiones aprobada en 2019. También aplican la normativa expedida por la Superintendencia de Bancos para la gestión y administración de riesgos.

El horror de la corrupción en el Gobierno de las “manos limpias y corazones ardientes” parece no tener fin. (O)