La decisión unilateral de Benjamín Cevallos, presidente del Consejo de la Judicatura, y principal acusado en el fallido juicio político de Alianza PAIS por mala administración de la justicia, deja un sabor a miseria humana. ¿Por qué? Por haber suspendido a los jueces del Tribunal Segundo de Garantías Penales que sentenciaron al coronel Rolando Tapia a tres años de prisión; a los policías Mario Flores y Patricio Simancas, considerados como cómplices, a 18 meses de prisión; y a Francisco Noboa, Carlos Tasinchana y Marco Tibán, a un año. ¿Y cuáles son las razones? Solamente el espíritu de cuerpo que abraza a tan alto organismo para secundar acciones que le han dado razón al Presidente de la República cuando pidió la reorganización del organismo, para que, como el ave Fénix, renazca de entre sus cenizas.
Es indudable que los abogados de quienes complotaron durante los hechos del 30-S, y que formaban parte la Escolta Legislativa, utilizaron esta estrategia para buscar la nulidad de la sentencia y ha encontrado eco, lejos de la doctrina jurídica y muy cerca de la sospecha. ¿De qué galera de mago salió, entonces, la decisión de castigar por 90 días a Renato Vásquez, y al juez Luis Oswaldo Manosalvas? ¿Sobre la base de qué argumentos dejaron sin efecto el encargo que el primero, en su calidad de presidente del Tribunal II de Garantías Penales, hizo a Xavier Andrade, para que actuara como juez “ad hoc” del organismo que condenó a los policías? Según Cevallos, Vásquez no podía designar a un juez como Xavier Andrade para tramitar un asunto tan delicado, pues no constaba en el banco de elegibles.
Esta posición es refutada por el vocal del CNJ, Ulpiano Salazar, pues de acuerdo a la disposición transitoria cuarta del Código de Procedimiento Penal, mientras el nombramiento se ciña al artículo 266 del Código, continuarán actuando los jueces ad hoc. Por ello, el viernes, los voceros del Gobierno pidieron medidas cautelares para dejar sin efecto la medida. Ellos deben retornar, con la frente en alto, a sus lugares de trabajo.
