Muchas cosas han cambiado en el Ecuador: hay mejores carreteras, muchas más escuelas del milenio, colegios réplica, mejores hospitales y múltiples edificaciones para la administración de la justicia. Y no hay cómo dejar de insistir en que hay menos pobres, se redujo la inequidad y crecieron las oportunidades para las nuevas generaciones.
Todo eso constituye un conjunto de realizaciones en respuesta a demandas represadas por diversas razones de orden político y social. Pero hay una demanda incumplida y que se vuelve crónica para alrededor del 70 por ciento de los ecuatorianos que no se movilizan en autos particulares. Y, sobre todo, porque esos usuarios son ‘clientes’ de un mal llamado servicio público, en realidad privado, que no garantiza calidad y tampoco seguridad plena.
Ahora bien, tras asumir las competencias, los municipios tienen ante sí -por la cercanía y por la responsabilidad concreta con sus votantes- un reto enorme: dotar a sus comunidades de las condiciones y las garantías para iniciar un largo proceso de mejoramiento de la calidad de los servicios de transporte masivo. Hay experiencias concretas que permiten imaginar muchas posibilidades positivas o favorables. Si Quito, por ejemplo, asumió esta tarea hace algunos años con el Trolebús y la Ecovía, es posible imaginar cómo otras ciudades pueden hacer algo parecido sin necesidad de ceder a los intereses privados y económicos de las cooperativas de transporte. Claro que no han sido soluciones únicas, perfectas o económicamente factibles para el Estado y la ciudadanía. En Guayaquil la Metrovía tampoco es la respuesta más idónea, pero es el viso de una solución posible a largo plazo.
Pero parece que ciertos alcaldes han optado por politizar el tema del transporte, en particular sobre la necesidad de incrementar los pasajes. Unos porque insistirán en el subsidio y otros porque esperan resolver un asunto extremadamente técnico por la vía del clientelismo. Así no se ejerce política pública y mucho menos se resuelven problemas urgentes que exigen autoridad política, con todo el costo que ello implica. Una autoridad está para ejercer el cargo a partir de visiones y decisiones responsables con sus comunidades. Lo fácil es pensar que se pierden puntos en las encuestas o con ello postergar una decisión definitoria para que otros la asuman.
Pero también es cierto que los choferes y cooperativas no pueden ni deben esperar que todo les venga del Estado para mejorar la calidad del servicio. Ellos no hacen bien su trabajo: el trato es pésimo y hay accidentes imperdonables. Todo eso irrita todos los días, y ya agobia por décadas. Por eso, alcaldes y choferes están en deuda con los pasajeros. Los dos sectores tienen ese reto de hacer de este servicio un paradigma que se incluya en los cambios vividos en el país.
