Entre las comisiones formadas para, supuestamente, acordar que los pasajes del transporte de la capital no se elevaran y la decisión del Concejo Metropolitano de Quito para subir las tarifas del taxi hay una enorme diferencia. Al parecer, en el primer caso primó la presión sobre el mejoramiento de la calidad. En el segundo, todo indica que fue el ‘pago’ de los favores de campaña. Tan es así que uno de los concejales renunció a su organización política para apoyar la decisión tomada el jueves pasado. Con esto se sienta un pésimo precedente para el resto del país. Y, al mismo tiempo, queda claro que eso de cuidar los bolsillos de los quiteños solo quedó en una bonita frase. Por lo visto, nadie garantizará que el uso del taxímetro, por ejemplo, sea obligatorio para todas las horas y zonas de servicio. Lo admiten los mismos taxistas. Así, al aumentar las tarifas, a espaldas de los usuarios, se desconoce el principio de la participación ciudadana en la toma de decisiones, como se ofreció, pero a la vez los derechos de los usuarios quedan vulnerados con un servicio precario. (O)