La decisión gubernamental de etiquetar los productos alimenticios es una de esas exigencias y obligaciones públicas surgidas ante el abuso de algunas empresas y el efecto en la salud de los ciudadanos.
No por ganar más dinero y aumentar el patrimonio se puede aceptar que ciertos productos se publiciten y vendan como saludables. Algunos empresarios consideran que con esta medida bajarán sus ventas.
No obstante, si ofertan un buen producto, que no contiene ningún componente que pueda afectar a la salud de los consumidores, ¿por qué y de qué tienen temor? Al contrario, las empresas y productos que cumplan con sus responsabilidades públicas -como debe ser-, verán aumentar sus ganancias de manera honesta y legal.
Más vistas en Editoriales