La acusación de la Fiscalía en el caso del atentado contra las instalaciones de Ecuador TV, el 30 de septiembre, pone al debate dos elementos medulares: ¿debe producirse una reparación pública del hecho y la sanción a los responsables enmarcarse dentro de la ley, por encima de cualquier otra consideración política?

Quienes ingresaron violentamente a las instalaciones son personajes reconocidos por su filiación política y su evidente oposición al gobierno de Rafael Correa. No fueron al canal público a defender la democracia, oponerse a la sublevación policial y menos a buscar o proponer una negociación para liberar al Mandatario secuestrado. Su objetivo era, de la manera más perversa,  apoyar a los policías;   así demostraron -además- absoluta intolerancia en medio de un conflicto de impredecibles consecuencias en  ese momento. Y, al hacerlo, estaban absolutamente conscientes de que  se convertían en víctimas de su propia irresponsabilidad.

Ahora, la acusación fiscal debe ser analizada y el juez tomar su  decisión. Por lo tanto, el precedente está claro: nadie puede violentar procedimientos y menos atacar físicamente a nada ni nadie para poder expresarse, como ese mismo día lo hicieron en Ecuador TV y, en los posteriores, en los medios llamados independientes y libres.

¿Qué dirían hoy esos mismos acusados si los partidarios del Gobierno hubieran hecho  lo mismo en un canal privado en el que  se cuestiona y  difama a las autoridades? Hasta el conflicto y la disputa política tienen  ética y decencia que se  resuelven en  democracia. Si las personas acusadas no fueron capaces de ofrecer disculpas y pagar los daños ocasionados, una vez sometidos  a los tribunales,  deben afrontar sus responsabilidades.

Que esto no sea un motivo para que se declaren perseguidos, y menos víctimas políticas de nada. Que los jueces hagan su trabajo.