La representación tiene múltiples formas y códigos. Nadie puede dudar de que en el plano político hay instituciones para ello. Pero, ¿quién asume la representación de la ciudadanía cuando de derechos de la comunicación y de libertad de expresión hablamos? ¿Los medios y los periodistas somos sus tutores? ¿Sus garantes?¿Con qué autoridad moral, política o jurídica asumiríamos compleja tarea y delicada responsabilidad?
Incluso, la libertad de expresión, siendo un derecho absoluto de la ciudadanía, no es exclusivo de la prensa, ni mucho menos de los periodistas o gremios. Paradójicamente, esos medios (en algunos casos solo concebidos como negocios, porque se han negado a declararse servicio público) y personas, de un tiempo acá, realizan actos, ceremonias, cartas y manifiestos en defensa de la libertad de expresión como un derecho exclusivo de ese sector social sin, seamos claros y directos, abrir los micrófonos y sus puertas a esos ciudadanos que dicen representar.
Entonces, si la libertad de expresión es un derecho de los ciudadanos y al mismo tiempo observamos cómo funcionan y trabajan los medios de comunicación, particularmente los privados, no se entiende a qué supuestas restricciones y/o amenazas aluden dichos gremios y periodistas cuando, incluso para denunciar, usan sus medios, micrófonos, páginas, canales y redes sociales con plena libertad.
Además, esos mismos actores hablan de miedo, de que se ejerce un periodismo con temor. Pero, ¿no son ellos quienes sin ningún empacho califican e injurian a los ciudadanos cuando estos no comulgan con sus tesis o pensamientos?
En definitiva, la libertad sustantiva de expresión no está precisamente en esa prensa que se victimiza y que cierra las puertas a otras voces. Incluso, esa misma prensa y esos mismos gremios no defienden a los trabajadores de los medios privados y comerciales, despidiéndolos y desconociendo sus años de servicio y sus aportes. Hay diarios, canales y emisoras que solo el año pasado despidieron a más de cien profesionales de la comunicación sin otorgarles derecho a expresar sus opiniones en sus propios espacios, a veces solo por pensar diferente a sus jefes o propietarios.
Todo indica que el ‘negocio’ de defender la libertad de expresión da buenos dividendos a determinadas personas y organizaciones que se arrogan la representación de la ciudadanía, pero que en la práctica solo la dirigen a la de sus medios de comunicación y periodistas más cercanos. No olvidemos que ahora, en ciertos medios municipales, se insulta, ofende, miente e injuria. ¿Ahí no hay restricciones? ¿Se ejerce esa libertad para denigrar a supuestos adversarios políticos con el dinero de los impuestos de los habitantes de las ciudades?
Por ahora bien vale insistir en que cada sector cumpla con sus tareas y que los derechos ciudadanos no sean usurpados ni mal utilizados por quienes no son tutores de nada. (O)
