A un poco más de un año de que  Ecuador hiciera público el informe de la Comisión de la Verdad, sobre el cual todavía no hay resultados concretos, en Colombia se promulgó el viernes último la llama da Ley de Víctimas  y de Tierras. Lo uno y lo otro tienen relación porque evidencian una voluntad oficial por saldar cuentas con el pasado, reivindicar la obligación de los estados para responder por sus errores, cometidos por sus funcionarios, sea de la ideología que sea, independientemente del cargo que hayan ocupado.

En lo fundamental la ley colombiana indemnizará a las víctimas de grupos guerrilleros, paramilitares y de agentes de la fuerza pública a partir de 1985. De esa ley no se benefician las víctimas de las nuevas bandas criminales integradas por ex paramilitares y narcotraficantes. Se calcula que este beneficio les llegará a unos cuatro millones de personas. A la vez, el Estado colombiano debe devolver sus tierras a 400 mil familias desplazadas por la fuerza desde 1991.

La decisión, que parte de las ofertas electorales del presidente Juan Manuel Santos, inyecta en Colombia un ingrediente democrático de doble vía: reconoce la responsabilidad del Estado en muchos de los miles de crímenes y su consecuente sanción y al mismo tiempo rechaza tajantemente a todos aquellos actores y sectores que auparon la acción gubernamental por encima de toda ley y respeto a los derechos humanos. Incluso, en la práctica, es una seria bofetada política al ex mandatario Álvaro Uribe, quien fue el promotor y defensor de la política militar y de seguridad que provocó lo que ahora se repara. ¿El propio Juan Manuel Santos, quien fue ministro de Defensa en la fase final de la administración anterior, con esta medida asume un reconocimiento tácito de sus actuaciones en ese cargo? Por lo pronto, es fácil advertir, será una ley con una enorme resistencia y, quizá, con reacciones violentas, sobre todo cuando se intente devolver las tierras. Y ante ello sí hará falta la firmeza de la autoridad y de la legitimidad del actual Gobierno