Bastaría con revisar cada uno de los editoriales de los diarios privados de Ecuador entre 1997 y 2005. En ese período hubo más de uno invocando el respeto a la institucionalidad y a la legalidad de los gobiernos electos por el pueblo. No había uno solo apelando a la ruptura de la Constitución. Al mismo tiempo, tras el derrocamiento de los tres gobiernos de esos años, volvieron a pedir respeto a la institucionalidad.
Hoy, de nuevo, muy soterradamente piden que se respete la legalidad, no mencionan la Constitución. Hay también un llamado muy solapado a evitar la violencia. Pero en todas las entrevistas y reportajes, notas e informes donde aparecen ciertos actores políticos, lo que más énfasis adquiere es el pedido a ‘rectificar’ e implícitamente dejan claro que toda la normativa creada desde 2008 no tiene peso ni sentido. Claro, en la lógica de la oposición.
Por más ‘modositos’, ‘neutrales’ u ‘objetivos’ que quieran mostrarse algunos entrevistadores en radios, canales y páginas web, hay una confluencia y articulación política a favor de desmontar lo que ellos llaman ‘correísmo’. Y eso implica desconocer la Constitución elaborada en Montecristi, en 2008 y aprobada en consulta popular ese mismo año con amplia mayoría, a diferencia de lo que pasó en 1998 con la de Sangolquí.
El rector de una universidad de cuarto nivel, incluso, ha dicho que la única salida para esta ‘crisis política’ es convocar a una Asamblea Constituyente y cambiar la actual Carta Política. Para ello, él bien sabe, hay unos procedimientos y unas normas bien establecidos en la Constitución. No olvidemos que él fue el autor de la Constitución de Sangolquí. Y con base en esa tesis la mayoría de actores políticos de la oposición ha sustentado su agenda política y ya hablan de romper la actual Constitución, llamar a elecciones y tener otro Presidente, pensando, además, que será uno de ellos o el mismo rector, al parecer.
De todos modos, hay algo que ronda en el ambiente: la oposición política y mediática trabaja con énfasis y entusiasmo para cambiar el modelo político fijado en la Carta Magna del Ecuador. Cuando Jaime Nebot dice que “el país de Correa se acabó”, ¿eso incluye eliminar todo el andamiaje jurídico? Sí, eso lo dice con absoluta claridad. Y de eso se hacen eco los alcaldes de Machala, de Quito, el prefecto de Azuay y esos asambleístas de CREO y Pachakutik que -como nunca- hablan el mismo lenguaje y no se sonrojan de llamarse de derechas e izquierdas ‘por la unidad’.
Han resuelto, por iniciativa propia, acabar con la voluntad popular expresada en septiembre de 2008. Y para ello tienen una estrategia clara: calentar las calles. Por eso han creado y financiado todas las tareas y condiciones para forjar una desestabilización, por más que la palabra resulta reiterativa. No cabe duda de que hay un enorme interés por romper la Constitución. Eso está más claro que el agua. Y eso se llama golpismo, sin duda. (O)
