Más allá de las quejas y algún sobresalto, las autoridades universitarias no tienen por qué molestarse por los resultados de la evaluación de la educación superior.

¿Qué pasaría si se hiciera una evaluación de la misma naturaleza en los niveles educativos primario y secundario, como se los conoce tradicionalmente? ¿Cuántos de esos centros educativos obtendrían la más alta calificación y cuántos deberían ser cerrados o  intervenidos?

Lo mismo podríamos decir de los centros de salud privados y públicos. Tenemos por delante una obligación moral y pública de contar con los mejores servicios para atender a una comunidad que por décadas se acostumbró a recibir maltrato, engaño, corrupción y pagar caro por todo eso, incluso como si fuese un favor o una dádiva.

¿Qué tal si se evalúa la calidad del servicio público que dan los medios de comunicación? ¿Tendríamos una respuesta adecuada para alcanzar la excelencia o aquello serviría para victimizarse y exclamar que se violenta la libertad de prensa?

Si Ecuador quiere transitar por el sendero de la excelencia en todos sus niveles no tiene otra opción que medir regularmente la calidad de su educaciónUna sociedad que se desarrolla no tiene miedo ni recelo de las evaluaciones permanentes. Al contrario, como ocurre ahora con las universidades, esa evaluación permite contar con datos y referencias de la calidad, con base en un proceso de transparencia, para tomar decisiones de todo tipo.

La principal es que los ‘usuarios’ del sistema de educación superior tienen a la mano información para tener una opción válida y, al mismo tiempo, las autoridades cuentan con un factor real para mejorar o superar niveles a favor de la sociedad en su conjunto.

Aquellas entidades privadas que ahora se quejan no lo hacen precisamente porque asuman las críticas, sino porque pueden perder alumnos y con ello ingresos y ganancias de los propietarios de esos centros de estudios superiores.

Si Ecuador quiere transitar por el sendero de la calidad y la excelencia en todos sus niveles no tiene otra opción que medir regularmente la calidad de su educación. No olvidemos que un grupo político se opuso con marchas y gritos a la evaluación de los educadores, pero luego de ocurrido el proceso se tiene un ambiente distinto y un compromiso del magisterio.

La noticia de esta semana sobre la evaluación universitaria estimuló un debate ciudadano necesario y eso es lo que produce una política pública sin someterse a los intereses privados y mercantiles. Ojalá las nuevas evaluaciones coloquen a todas las universidades en la categoría A, ya que las únicas ganadoras serían  las nuevas generaciones.