La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), a través de sus representantes amazónicos, ha interpuesto en la Fiscalía General del Estado una extraña denuncia contra el presidente de la República, Rafael Correa, y miembros de su gabinete, por supuestamente atentar contra la vida de cerca de doscientos aborígenes en estado nómada que habitan en zonas que potencialmente serían explotadas para hallar petróleo. En este caso, el colectivo indígena se refiere al plan B que maneja el Gobierno Nacional en el proyecto Yasuní-ITT, en el que se analiza la exploración petrolera,   si es que el Estado  no  recibe -hasta diciembre de este año- una corresponsabilidad por parte de las naciones más ricas del mundo que, a la vez, son las que más cantidad de dióxido de carbono emiten a la atmósfera.

El trasfondo de la denuncia contiene una loable intención de proteger la integridad de poblaciones como los Tagaeri y Taromenane, a pesar de que en la Constitución vigente estos derechos ya están consagrados. Sin embargo, el tinte político de la querella -que será llevada a cortes internacionales, según lo han comunicado- también es notorio.

La dirigencia de la Conaie parece (¿o quiere?) obviar las informaciones que el Gobierno ha brindado sobre las posibilidades de explotar el Yasuní-ITT. De acuerdo a  declaraciones del  Presidente de la República, en el caso de que en 2011 se inicien las operaciones petroleras en la reserva ecológica, se ha previsto trabajar en solo 20 de las 200 mil hectáreas que tiene el parque, lo cual reducirá el área de impacto y de afectación.

Por ello   resulta sospechoso  que en plena  campaña electoral surja esta denuncia, teniendo en cuenta que en el país se ha debatido sobre el tema del Yasuní-ITT desde la llegada de Rafael Correa a Carondelet,  hace cuatro años.
Al parecer, la Conaie se ha unido a otros sectores de oposición que han optado, como  única estrategia electoral,  minar la imagen del principal proponente de la consulta popular.