El Gobierno de Estados Unidos felicitó a la Ministra, María Paula Romo, por defender y profundizar la democracia y el Estado de derecho en Ecuador. Así lo reconoció ayer el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Mike Fiztpatrick, durante la entrega de 20 vehículos a la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas de la Policía Nacional. Estos serán utilizados para su labor de lucha contra el narcotráfico.

Ese respaldo llega de fuera del país, justo dos días antes de la interpelación a la Secretaria de Estado en la Asamblea Nacional. Es también un mensaje político a los legisladores empeñados en destituir a la mujer que sostuvo la institucionalidad en Ecuador durante los 11 días de protestas violentas y de un intento de golpe de Estado.

En esos días quemaron la Contraloría, que guarda los informes y exámenes especiales de los innumerables casos de corrupción del correísmo en la administración pública. También irrumpieron con violencia en Teleamazonas y destruyeron una móvil porque no “informaba la verdad”.

Además saquearon y destruyeron negocios, edificios públicos, atacaron pozos petroleros, dejaron sin agua a Ambato, obstruyeron caminos y carreteras, impidieron trabajar en las florícolas, secuestraron a periodistas, policías y militares. Las manifestaciones dejaron un saldo trágico de muertes y de heridos, y las pérdidas económicas sumaron $821 millones, según el Banco Central.

Pero los asambleístas enjuician a la Ministra porque la Policía usó bombas lacrimógenas caducadas. Esa no es función ni responsabilidad de ella, sino de los uniformados.

Los interpelantes dicen que la Ministra es responsable política de poner en riesgo la integridad de los policías y de una falta grave por el uso de materiales en mal estado, según el artículo 120 del Coescop.

Para los exintegrantes de la bancada de CREO, actualmente independientes, y de la Revolución Ciudadana (RC), una de las causales de la interpelación es el incumplimiento de funciones a las labores operativas de la Policía, pero la Ministra de Gobierno es una autoridad civil, no una policía más.

Ellos dicen que las pruebas de cargo y de descargo “demuestran el claro incumplimiento de funciones”. 

El juicio tiene contradicciones, no está claro si es porque la Policía hizo uso excesivo de la fuerza o actúo con menos fuerza de la que se esperaba de ella.

No hay una normativa específica sobre cómo se debe aplicar el uso progresivo de la fuerza. Pero en las investigaciones que se hicieron no existe registro del uso de armas ni de municiones letales por parte de los policías. Eso deja sin piso los motivos por los cuales impulsan el juicio político a la Ministra Romo.

Pero no. También acusan a la secretaria de Estado por no proteger a los periodistas que fueron secuestrados. Sin embargo, se convocó al Comité de Protección de Periodistas, con los representantes de los ministerios de Gobierno y de Relaciones Exteriores, Naciones Unidas, Fundamedios y los familiares de los reporteros, lo cual permitió encontrar una salida.

Si la Policía hace redadas al narcotráfico e incauta toneladas de drogas, los asambleístas felicitan ese trabajo. Pero sí se equivoca le echan la culpa a María Paula Romo.

Actores políticos dicen que el juicio político es una irracionalidad porque la Ministra sostuvo la democracia y evitó un golpe de Estado fraguado por el correísmo.

Al final, ¿cuál es la verdadera razón del juicio político?