Uno de los grandes enigmas políticos que la sociedad ecuatoriana parece incapaz de resolver es su aparente incapacidad para poner en práctica y respetar las “reglas del juego” que ella misma establece. Es por ello que, de manera permanente, nos enfrentamos a crónicos procesos de “des-institucionalización”. El actual momento no es excepción.

En esta misma columna se ha planteado una posible respuesta basada en el uso del concepto sociológico de “anomia”. Sin embargo, existen otras respuestas posibles al acertijo de la siempre comenzada y siempre abortada vigencia de las instituciones.

Entre ellas, se puede adelantar una hipótesis por completo opuesta, e incluso, más sutil: el problema de la sociedad ecuatoriana no sería la falta de instituciones, sino que, aquellas que fungen de tales, en realidad no son las efectivamente existentes.

Es más, podríamos incluso arriesgarnos a decir que Ecuador es un país muy fuerte y persistentemente institucionalizado, pero que, esta institucionalidad efectiva y sólidamente existente no es aquella que proclaman nuestras Constituciones, leyes y reglamentos, ni la que se pregona a voz en cuello, ni la que se reclama en los espacios de la opinión pública.
Por el contrario, tal vez podríamos decir que las reglas efectivamente vigentes y de obligatorio cumplimiento son, por su naturaleza, inconfesables.

Las ostensibles y proclamadas solo tienen la función de encubrir y camuflar a las reales, que, por ello mismo, necesitan ocultarse tras las primeras para poder seguir funcionando impertérritas e inmunes a toda transformación: una realidad agazapada y oculta que opera como una consuetudine invulnerable a todos los esfuerzos de cambio intentados por todas las oleadas de civilización, depuración, refundación o reforma.

Las reglas estarían allí, tácitamente conocidas por todos, pero impronunciables y no por vergonzantes menos acatadas. En ese no reconocimiento de su realidad, es donde radica su inconmovible fuerza. (O)