La corrupción de privados y funcionarios del Estado rompe la base social de un país y atenta contra la propia democracia. Un caso que suma a otros denunciados durante la pandemia por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), encargado de manejar los bonos destinados a las personas más pobres de Ecuador.

Ayer la Fiscalía llamó a juicio a cinco personas que fueron detenidas durante un operativo en Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de Los Bancos (Pichincha) y en Santo Domingo de los Tsáchilas por lavado de activos.

Cobraron al MIES el Bono Solidario de 2014 a 2108 y recibieron en sus cuentas bancarias personales un total de $5’066.332,44.  Ellos utilizaron los nombres de personas fallecidas que recibían esas transferencias económicas como una ayuda social.

Fingieron ser beneficiarios y se aprovecharon de los recursos del Estado, por robo o estafa, para beneficio personal. Eso es lo más repudiable que existe.
Además, es un delito que está sancionado en el Código Integral Penal (COIP) con prisión de 10 a 13 años y una multa que equivale al doble del monto de esos activos. Ese dinero podía ser utilizado para aliviar la situación de miles de personas vulnerables que viven en este país o para afrontar las necesidades en educación o salud.

Indigna tener estos casos y ecuatorianos capaces de lucrar con recursos que pertenecen a todos pero que terminaron en sus billeteras.
Hace un año los implicados fueron detenidos durante un operativo liderado por Fiscalía en el que se incautaron bienes inmuebles, vehículos y motocicletas. También se retuvieron las cuentas bancarias de los procesados.

La audiencia a juicio se llamó gracias a las pericias financieras, de bienes muebles y de bienes inmuebles, el informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) sobre los movimientos financieros de cada uno de los involucrados, historias laborales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Además con el informe ampliado de su situación tributaria desde 2013 hasta 2018, que se solicitó a diferentes entidades bancarias, entre ellas a la Superintendencia de Compañías.

La ley debe aplicarse con todo rigor para evitar que estos casos se repitan.