Demandas provenientes de grupos de ex trabajadores públicos y privados, en busca de supuestos beneficios laborales que, según ellos, han sido vulnerados en los últimos años, están saturando las cortes del país. Basados en la Constitución vigente -la más garantista en la historia republicana-  han emprendido  procesos millonarios por concepto de utilidades no pagadas  y no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). En los casos más conflictivos, los ex servidores tienen sentencias favorables emitidas por las Cortes Provinciales de Justicia. El punto   no es si  merecen o no que se les reconozcan sus derechos laborales, el problema radica en las acciones tomadas por varios magistrados  para dictar esos fallos.

La mañana de ayer, el abogado patrocinador de la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) denunció el tratamiento irregular que les ha dado la Segunda Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil.

Según el jurista, el fallo  -que ordena el pago de más de cinco millones de dólares por parte de la APG a un grupo de cien trabajadores- fue dictado por un magistrado cesado en momentos en que informó sobre la sentencia. Este caso  está salpicado por la denuncia presentada meses atrás por el Consejo de la Judicatura, sobre manipulación en los sorteos de la mencionada corte provincial. Y no es todo: el fallo está basado en informes de la Contraloría General del Estado y del Congreso de hace diez años, los cuales no son vinculantes.

Estos ejemplos demuestran que entre los jueces  existe desconocimiento sobre los procedimientos   en casos de las demandas laborales.

Los organismos de control y  gremios empresariales hacen un llamado a los jueces para que no abusen de   los amparos constitucionales, uno de los mayores logros de la actual Carta Política.

Ante estas situaciones, la próxima consulta popular se presenta como una opción válida  para que el pueblo  decida sobre los cambios en el sistema judicial. Tal y como lo ha dicho el principal proponente del referendo, el presidente Rafael Correa: Nada está escrito en piedra, y si hay que modificar aspectos de la Carta Política para el bien de la administración de la justicia, se hará.