Aquí no hay inocentes. En política, como en otras actividades, quien pone la plata manda. Y si alguien financia durante ochos años a una organización no gubernamental, para que  monitoree, denuncie y cabildee sobre la situación de la libertad de expresión, muy difícilmente tendrá una actitud soberana y en función de los intereses del país al que se dice pertenecer.

Podríamos hasta aceptar que hay buena fe al financiar a ciertos grupos y personas para desarrollar tareas ciudadanas o en nombre de la sociedad civil, pero cuando vemos el despliegue de apoyo, cobertura, exposición y finanzas, concluimos que todo eso solo revela el modo de actuar de determinadas agencias internacionales cuando ocurren procesos políticos que no coinciden con su ideología o, mucho más, cuando amenazan sus intereses. Entonces, también se entiende que financien (bien podría decirse contraten y cuenten con empleados propios) a grupos políticos que se dicen representar a la sociedad civil. ¿Se podrá llamar así a una organización compuesta por cuatro personas? ¿Ocupa y ostenta la representación de la sociedad civil porque cuenta con suficiente dinero y contrata a cinco personas más?

¿Adquiere la trascendencia que le da el aparato político y mediático conservador del continente porque al mismo tiempo paga a periodistas, analistas y académicos para que escriban, viajen y publiquen supuestos análisis en contra de un gobierno en concreto? ¿Le da el rango de abanderada del país contar con dinero para estar en todos los foros internacionales representando supuestamente al Ecuador (como no ocurre con la Conaie o el FUT porque no tienen el mismo dinero)?

Digan lo que digan, en la práctica, como cualquier ciudadano lo percibe, los que hacen política con fondos del extranjero, de organizaciones que se nutren o canalizan desde otros gobiernos para vigilar al nuestro tienen  un nombre y apellido muy claros: agentes internacionales vendepatrias.

América Latina ha vivido esto desde que cierta potencia se convirtió en el árbitro de la política interna.    

No hay proceso político emancipador e insurgente que no cuente con este tipo de organizaciones en su interior, por más maquillaje con que las encubran. Y siendo así, la que operaba en Ecuador ha recibido la respuesta política correspondiente.

Revisemos los procesos en la Chile de Allende, en Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Cuba. En cada uno de esos países se han desarrollado procesos políticos propios, autónomos, y siempre alguna agencia o un grupo, supuestamente de la sociedad civil, recibió y canalizó fondos para actuar políticamente bajo las banderas de la democracia liberal. Y después, cuando derrotaron (por la vía que fuera) a esos procesos aparecieron como  funcionarios o empleados del siguiente régimen político. Algo parecido ocurrió en Europa del Este. Por tanto, no nos llamemos a engaño y digamos las cosas por su nombre. Aquí hay un grupo de cuatro personas que se asume como representante de la sociedad, que paga a ‘plumas lúcidas’ para hacer política y que ejerce un rol que no le corresponde en esta sociedad. (O)