Los ciudadanos se indignaron en las redes sociales. Vieron un video de Daniel Salcedo Bonilla, mientras canta, baila, y al parecer promociona una bebida, con otros dos reos desde la Cárcel 4, en Quito.
Él fue sentenciado a cuatro años de prisión por un delito de fraude procesal y está investigado en otras causas por hechos de corrupción, como la venta ilegal de fundas para cadáveres y medicinas para el hospital del IESS-Los Ceibos, en Guayaquil, durante la pandemia.
En ese centro de detención, que se abrió en septiembre de 1994 y era solo para policías procesados, está Jacobo Bucaram, hijo del expresidente de la República Abdalá Bucaram, por el mismo delito de Salcedo.
También estuvo exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por el entramado de corrupción de Odebrecht.
Salcedo, el empresario de 33 años que hacía negocios con instituciones públicas desde 2012, tiene privilegios y usó su celular para hacer un video en TikTok, que fue viralizado en Facebook, Twitter e Instagram.
Fue un escándalo y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) anunció que él será sancionado por ingresar un teléfono celular en la cárcel donde cumple sentencia. Esto evidencia lo vulnerable que es el sistema de seguridad del centro y de toda la población penitenciaria.
Los detenidos tienen acceso al uso de Internet, computadoras, teléfonos celulares o tablets "únicamente con fines académicos". Según la SNAI, se hacen requisas frecuentes en todos los centros penitenciarios del país, pero algo debe estar mal para que ocurran casos como estos. O incluso crímenes que dejaron 51 detenidos muertos en 2020.
El artículo 275 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una sanción de prisión de entre uno y tres años para las personas que ingresen (por sí mismas o a través de terceros) teléfonos celulares o satelitales, equipos de comunicación, partes o piezas de teléfonos celulares.
La Fiscalía General del Estado también se pronunció sobre ese hecho. En esa línea, Fiscalía solicitó "un estudio de seguridad que determine la pertinencia de su reclusión" en ese centro penitenciario y se evalúe un posible traslado a otro centro.
A pesar de esos comunicados que emitieron ambas entidades, ¿cómo es posible que ocurran casos como estos y los detenidos hagan lo que quieran?
