Sorprende la distancia entre lo que se intenta posicionar como una supuesta verdad absoluta y lo que dicen los estudios con un alto nivel de especialización y trabajo empírico.

Nadie puede asegurar que América Latina vive en el mejor de los mundos o que tenga un modelo perfecto, pero de ahí a ‘denunciar’ un retroceso en el desarrollo y afianzamiento de la democracia hay una distancia que no se compadece con la realidad.

Los resultados de Latinobarómetro, publicados hace pocos días, dicen otra cosa. Claro, como no coinciden con quienes creen que todo irá mal, el informe ha sido desconocido o subestimado como un referente para el análisis y comprensión de lo que hemos vivido los años que lleva este siglo. Y más allá de que ese documento contenga un enfoque liberal (por los valores que exalta) revela algunas cifras que obligarían a cualquier político o analista a pensar dónde actuar y bajo qué premisas.

En lo fundamental, si la gente recibe de sus procesos políticos cambios a su favor, mejora su situación económica, la justicia deja de ser, poco a poco, una ilusión y contempla su futuro con mejores esperanzas, entonces tiene una percepción distinta de la política y, por consiguiente, de la democracia.

Cuando se consulta  a los ciudadanos sobre la aprobación a la gestión de sus gobiernos, su apoyo y su satisfacción con la democracia, entre otros temas, los países con procesos progresistas adquieren un reconocimiento alto, por encima del 50%. Y los dos países con mejores cifras son Uruguay y Ecuador, no solo en esos aspectos sino en otros como son la transparencia y la lucha contra la corrupción, sin dejar de lado el cambio en la percepción sobre la redistribución de la riqueza.   

Ahora bien, si esto constituye un paso importante y algunos asocian este avance con el incremento de los ingresos económicos por los altos precios de las materias primas y del petróleo, aquello significa que se han creado otras expectativas y con ellas otros retos y hasta ‘complicaciones’ en estas democracias.  

Evidentemente hay que afrontar las dificultades económicas con  responsabilidad, pero sin dejar de lado las conquistas democráticas y los derechos consagrados de las mayorías y no solo de ciertas élites.

Entonces, los actores políticos deben valorar el significado que tiene para la población la democracia y que esta se consolide desde postulados y valores trascendentales, como hasta ahora ha ocurrido, a pesar de cierta resistencia y de algún boicot político fundamentalista. Todo lo avanzado es, por lo menos, una base para la construcción de una sociedad distinta, en una región desigual todavía, con grandes potencialidades y muchos bienes políticos, pero que ya es un referente para otras regiones del planeta. No solo hace falta consolidar los procesos electorales (que de paso se reconocen como cada vez más transparentes e institucionalizados) sino también la institucionalidad democrática con base en una plena participación, con inclusión y efectiva redistribución.

Solo así este siglo será asumido como el de la verdadera independencia de América Latina. (O)