El titular del Consejo de la Judicatura lo ha dicho clarito: se trata de un informe “técnicamente muy malo”. Gustavo Jalkh respondió así a un documento de la ONG Human Rights Watch (HRW) donde cuestiona la administración de justicia, “especialmente en casos contra opositores al Gobierno”. La realidad es otra, reconocida incluso por algunos juristas para nada partidarios o afectos al gobierno ni a la Judicatura.

Desde la vigencia del COIP se presentaron 2.792 solicitudes de favorabilidad de las que se beneficiaron 2.237 privados de la libertad. Solo 17 casos están pendientes de resolución. Lo que no toma en cuenta es la aplicación general del principio de favorabilidad que en Ecuador se aplica con celeridad. Nadie le pide a HRW que lance flores o aplauda la gestión de la justicia.

Si hay errores evidentes debe mostrarlos, pero tomar como punto de consideración una supuesta falencia no significa que el sistema está mal. A lo que sí induce esa ONG es a un pedido de la oposición ecuatoriana de negar todo lo actuado y regresar al control de partidos políticos y grupos económicos. (O)