A costa de oponerse a todo, con afanes estrictamente electorales, grupos y organizaciones políticas se hacen eco de los postulados de quienes hicieron de la educación no solo un negocio, sino un privilegio, en detrimento de los más pobres. Y ahora, con el inicio del período escolar en el régimen Costa, se ha comprobado -una vez más- el peso específico y significativo de invertir en educación y salud.

No solo por el incremento de alumnos en la educación fiscal, que de sí es significativamente superior, sino por el sentido histórico que adquiere aumentar la calidad, los servicios, la infraestructura, los maestros y las condiciones para niños de todas las clases sociales.

Si esa inversión no se considera como un factor determinante de las nuevas condiciones políticas, entonces esos sectores partidarios que abogan por reducir el gasto público no han entendido nada y solo sirven a los mercaderes de la educación, a aquellos que quisieron enriquecerse al tener escuelas, colegios y universidades privadas y costosas por todas partes. (O)