El balance real de la marcha indígena (no del paro del FUT, que jamás ocurrió) da para pensar mucho, pero sobre todo para plantear varias preguntas de fondo. La principal sería: ¿Hasta ahora solo es un centenar de policías heridos, una media centena de manifestantes procesados, un prefecto ridiculizado en las redes sociales por aparecer tiznado en las pantallas tras una supuesta detención y una ciudadana extranjera como el foco central de la atención mediática, por ser la compañera sentimental de un dirigente indígena? ¿Constituyó esta marcha un levantamiento superior al de 1992 como dice Manuela Picq? ¿El objetivo político central de la Conaie se alcanzó y por lo tanto estamos ante un escenario que -como amplifican en las redes algunos activistas- obligue al reconocimiento de un estado de beligerancia para crear las condiciones de un Estado paralelo dominado y conducido por la misma Conaie? ¿Y por ese motivo se entiende la emisión de decretos con carácter de obligatorio para las autoridades del Estado central? ¿O ya estamos en una situación esquizofrénica donde nadie entiende qué hace cada actor político y el rol de las autoridades públicas, nacionales y sus instituciones?
Nadie puede estar feliz por el resultado real de las marchas, tomas de las carreteras y de gobernaciones, mucho menos por los heridos y los militares y policías secuestrados estos días. Como tampoco a nadie le queda claro qué mismo quieren los actores políticos que aúpan a la Conaie y al FUT a sostener por varios días una supuesta demanda que solo se reduce al archivo de las enmiendas constitucionales. El Gobierno ha dicho que es un fracaso el paro y la movilización, pero debe estar consciente de que, por más fracaso que sea, la pérdida real se la lleva el país entero por el caos ocasionado, la incertidumbre generada en ciertos momentos y las pérdidas económicas. Y eso, además, debe obligarle a pensar de qué modo asume esta situación para garantizar a la ciudadanía entera estabilidad, paz, armonía y movilidad plena en las calles y carreteras, mucho más cuando tenemos una alerta por el volcán Cotopaxi.
Todo el país ha perdido con esta forma de actuar de un sector del movimiento indígena. Porque no todas las comunidades salieron a manifestarse y tampoco todas se oponen a las políticas públicas del Gobierno. Pero es cierto que, junto a los militantes del ex-MPD, algunos activistas de las ONG y los partidos de oposición han creado el peor escenario para desarrollar el mismo diálogo al que apelaban antes y que ahora impulsa el Gobierno.
Insistimos en una pregunta: ¿Los indígenas del Ecuador mejorarán su calidad de vida, reducirán la pobreza y serán menos excluidos si se archivan las enmiendas constitucionales? ¿O eso es solo un empeño intenso de las derechas e izquierdas opositoras?
La Conaie y el FUT están en deuda con el movimiento social, generaron un estado de inseguridad extrema y han violentado normas básicas de respeto por la ciudadanía y las autoridades. Por lo mismo, deberían asumir la sensatez política e histórica para reclamar en paz y dialogar para buscar verdaderas salidas a los problemas de los indígenas más pobres. (O)
