Para cierto sector político de Ecuador (donde se incluye a una parte de la prensa y supuestos analistas), si en este momento ocurriese una invasión militar de cualquier otro país, todo sería culpa del actual Gobierno nacional (¿olvidamos Angostura?). Algo parecido han dicho sobre el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi (como aquello de que se oculta información para que llegue el desastre y mueran miles de compatriotas) y del fenómeno El Niño. Es decir, generar caos y desconcierto a partir de un odio envenenado con el que ejercen la tarea política con paupérrimos niveles éticos. ¿No es que la política está al servicio del bien común?

Para todos esos sectores, la soberanía descansa en el capital, no importa si es transnacional y nos impone sus normas y hasta sus modos de ser. De ahí se entiende no solo el silencio de unos izquierdistas que sobre el caso Oxy no han salido a las calles como cuando suponen que está en riesgo la democracia por el debate de unas enmiendas constitucionales. Se entiende también la actitud de las derechas, unas que han cohabitado con las transnacionales y otras que echan la culpa al Gobierno actual de la decisión de un juzgado internacional, en un proceso que empezó antes de 2007. Y todas esas derechas e izquierdas juntas ni siquiera han expresado un rechazo soberano a una determinación, no solo ilegal, sino también injusta, por donde quiera que se la vea. La caducidad del contrato con esa petrolera fue un acto legal, obligatorio. Así lo ordenaban los términos del contrato. Si el ministro de aquel entonces no lo hacía, debía ser juzgado. ¿Y qué habría hecho entonces la llamada opinión pública? ¿Qué tenía que hacer el Congreso de aquel entonces con ese ministro? ¿Hubiese sido llamado a juicio político? Y si hubiese sido así, ¿de qué modo habría actuado la petrolera y la embajada de su país? ¿Acaso los cables de WikiLeaks no revelan cómo cabildeaba esa embajada para que nuestra soberanía sea pisoteada y prevalezca el interés de la petrolera y sus ingentes recursos económicos en el proceso jurídico que terminó esta semana?

De todos modos, la sentencia contra Ecuador nos obliga a una actitud colectiva y patriótica sobre el sentido de la soberanía cuando se trata de resolver diferendos con empresas transnacionales. Ya sabemos qué ocurre con Chevron. Y tenemos por delante algunos casos por los tratados bilaterales de inversión.

Ya se ha dado un paso importante en la Unasur y ojalá uno solo de los políticos ‘ultrapatriotas’ que tenemos recorriendo en los medios ‘libres’ pudiera expresar un llamado a la unidad para afrontar estos temas. Pero sobre todo importa cuánto podemos hacer como país para que no quede como un precedente nefasto una sentencia de esta naturaleza. Y para ello hace falta debates claros y profundos del sentido de patria (concepto que algunas derechas y ciertas izquierdas han guardado en los baúles). Es hora de pensar más allá del cálculo electoral y dejar de lado el odio envenenado con el que actúan esos actores políticos-mediáticos. El caso Oxy es una mancha oscura en la historia de nuestro país. (O)