Un caso de feminicidio conmocionó al país y especialmente a Loja cuando se descubrió que una niña de 10 años, que había desaparecido cuatro días antes, apareció muerta. Luego de una campaña intensa de búsqueda, el cuerpo de Emilia B., incinerado por su homicida, fue encontrado cerca de Catamayo.
Tres meses después las autoridades lograron armar el rompecabezas al concluir que se trataba de una banda organizada dedicada a grabar videos pornográficos de niñas y niños.
Un total de 18 personas fueron detenidas en varias ciudades del país y el caso deja algunas lecciones importantes porque muestra a una sociedad que todavía no logra blindarse de este tipo de delitos. Parecía un caso imposible de resolver porque el principal sospechoso del asesinato de la niña se suicidó durante la primera noche que pasó en prisión junto a otras dos personas.
La red que operaba en todo el país contactaba con personas que se encargaban de grabar videos, generalmente a menores de 13 años, según la indagación fiscal.
La fiscal encargada de la investigación explicó que se cometieron delitos que afectaron a la integridad de niñas, tal como ocurrió con Emilia B., quien fue víctima de esta red y fue asesinada. Los allanamientos simultáneos que permitieron la captura de los delincuentes se hicieron en Quito, Portoviejo, Manta, Santo Domingo, Cuenca, Macará, Catamayo y Loja.
Los delincuentes se dedicaban a la pornografía infantil y a la trata de personas. Como evidencias se confiscaron cámaras de video, teléfonos celulares, memorias informáticas y otros elementos. Los videos se comercializaban en las ciudades donde se efectuaron los operativos policiales y por el momento se descarta la comercialización a otros países. “Rechazamos este tipo de delitos”, dijo en su informe el ministro del Interior, César Navas.
El crimen de Emilia B. revela también una indignante estadística: en nuestro país una mujer cada 55 horas es violentamente asesinada. El año pasado se produjeron un poco más de 100 feminicidios, y en 2016 los casos llegaron a 78. (O)
