Declarar libre de responsabilidad penal al acusado de un delito implica, en primer lugar, la aplicación objetiva e imparcial de la ley; no una interpretación, porque esta siempre será subjetiva.
En segundo lugar, tener plena conciencia de que existe un código ético frente a los manuales de derecho, con el poder de un pararrayos para alejar las posibilidades de que la corrupción pretenda desatar una tormenta política.
Esta es la sospecha ciudadana ante al fallo absolutorio de los magistrados del Juzgado Quinto de Garantías Penales de Pichincha -especialmente el juez Hugo Sierra-, quienes tenían la responsabilidad de castigar a los autores, cómplices y encubridores de los hechos ocurridos el 30 de septiembre.
Las graves acusaciones que pesaban sobre el coronel de Policía César Carrión y los tres policías acusados de intento de magnicidio, parece que no fueron sólidas ni dignas de ser comparadas con las declaraciones de testigos, entre ellos los miembros de la seguridad del Jefe de Estado, a quienes, según el ministro del Interior, José Serrano, se los amenazó con el arresto. Una absolución sesgada –incluso las concedidas por los curas a dictadores y torturadores de América Latina en los confesionarios- sabe a impunidad y huele a grandes sumas de dinero; y mucho más cuando en el desarrollo del proceso que nos entristece, los jueces desestimaron unilateralmente pruebas y testimonios de la parte acusadora. Que la justicia ha sido partidizada en Ecuador, es una verdad de Perogrullo, así como también que los guardianes de los intereses corporativos nombraron magistrados “a dedo” para doblegar a los tribunales en los que se ventilaban casos de corrupción. Tampoco existe un solo caso en la historia republicana del país, en que un mandatario, al enterarse de un fallo parcializado sobre quien atentó contra su vida, haya propuesto al polígrafo como garante de la inocencia del autor, así como de la suya para demostrar que no recibió fondos de las FARC para financiar su campaña electoral en 2006. Al Gobierno le corresponde desmontar el complot con todas las herramientas legales y constitucionales que dispone.
