Si bien ahora se enfatiza y se destaca el ejercicio de los derechos, la democracia también se construye con las obligaciones y responsabilidades de cada uno de sus actores, sometidos conscientemente a la Constitución y  a las leyes.

Lo ocurrido hace un año, lamentable y doloroso por donde se vea, reveló también a un país con unos problemas y unas fallas institucionales en la Policía, en la justicia y en el manejo mediático sobre temas delicados para la convivencia social.

Aunque hasta ahora no haya sanción para los verdaderos responsables de la sublevación y posterior intentona de magnicidio, lo que no dejará de preocupar es que una institución obligada a velar por la seguridad de la ciudadanía tenga en su interior problemas de orden ético, organizacional y operacional, producto de gobiernos que la abandonaron y dejaron sin el apoyo financiero y  político para el cumplimiento cabal de su deber. además de su control interno.

Sí, debe haber sanciones penales, civiles y administrativas. La memoria del Ecuador debe asimilar cada uno de estos hechos sobre la base de la verdad y la transparencia, pero también de las responsabilidades individuales y colectivas.

A diferencia de otras intentonas, hace un año la ciudadanía salió a defender a su Presidente. Eso marca una diferencia enorme y también diseña un panorama que debe ser leído por los líderes políticos como un claro indicio de mayor responsabilidad, mejores exigencias políticas, profundo compromiso para la construcción democrática en cada una de sus áreas. Los ministros, alcaldes, prefectos, asambleístas y funcionarios deben exigirse mucho más allá de lo estrictamente necesario.

No hay cómo voltear la página mientras no se sepa con exactitud qué  llevó a ese lamentable motín, quiénes promovieron la violencia contra los ciudadanos y contra el mismo Presidente. Para mirar hacia adelante, el pasado debe estar claro y sustentado en la verdad. Que sea esta la ocasión para una reflexión colectiva democrática.