El Concejo Municipal del vecino cantón Durán declaró en emergencia al servicio de agua potable, debido a que la provisión del líquido a los hogares ha disminuido drásticamente, provocando desabastecimiento incluso a quienes no cuentan con el sistema por tuberías.

Esta falta de líquido en uno de los sectores más poblados del país no es noticia fresca; es un mal que padecen sus habitantes desde hace más de dos décadas, cuando la urbe tuvo un crecimiento incontrolado y desordenado como consecuencia   de las invasiones de extensas áreas antes dedicadas a la ganadería y a los cultivos de arroz, y que hoy son zonas densamente pobladas.

Esta explosión demográfica trajo consigo los problemas que se generan en una ciudad sin planificación. Durán no tiene  agua potable ni alcantarillado sanitario o pluvial.  El estado de la mayor parte de sus calles es deficiente, tiene pobre iluminación pública, y un pésimo servicio de aseo de calles y recolección de basura. Es una obra pública  a cuentagotas, como el agua potable.

Funcionarios de la Empresa Municipal de Agua Potable explican que el problema viene de la vetustez de las tuberías. El Alcalde justifica la declaratoria de emergencia  hasta que se solucione el problema o el Banco del Estado les apruebe un préstamo de dieciséis millones de dólares para el cambio de redes.

Hace dos años, el presidente Rafael Correa entregó a la Municipalidad de Durán, a través del Banco del Estado, alrededor de diez millones de dólares no reembolsables para el mejoramiento del servicio de agua potable. 

Es obvio que los  parches millonarios para una población que reclama soluciones de fondo, no de forma, siempre serán insuficientes y no quisiéramos pensar que esta declaratoria de emergencia es una maniobra del Concejo Cantonal para presionar por un préstamo al BEDE y evitar los lineamientos que exige la Ley de Contratación Pública para asignar la ejecución de las obras a un contratista determinado.