Lo ocurrido con Univisa en los últimos días nos obliga a pensar que los controles y regulación para el servicio de televisión pagada o por cable deben ser mucho más estrictos y rigurosos.

No es aceptable que el usuario pague por un servicio y de un día para otro, sin previo aviso, le saquen de su oferta un x número de canales.

Es verdad que la televisión por cable constituye un servicio privado y que amplía las posibilidades de información y entretenimiento, que incluso llega a bajar el rating de los canales de señal abierta, pero no por ello constituye un sector privilegiado que valiéndose de su condición de privado puede afectar al usuario.

De hecho es un lugar común, ya que para capturar al cliente lo engolosina y hasta lo bombardea con publicidad y ofertas, pero cuando ocurre algún problema, daño o defecto técnico, la respuesta más recurrente es: “Estamos copados y sólo lo podemos atender en tres días”.

Y eso ocurre cuando el servicio es en zonas urbanas como Quito y Guayaquil. Cuando un daño grave ocurre en sitios alejados de esas ciudades, o en barrios de poblaciones menores, la demora puede tomar hasta una semana.
Por lo mismo las regulaciones entre privados se fijan en los contratos, pero los incumplimientos ya pasan a otras instancias.

Y en ellas evidentemente el Estado debe entrar, porque no se afecta a un usuario, sino a todos los que contrataron el mismo servicio.

Pero, sobre todo, las empresas de televisión pagada no pueden fallar porque tienen un compromiso con el manejo de un bien público que es la información y con la sensibilidad y entretenimiento de la gente cuando, por ejemplo, el fin de semana quiere descansar con otra programación que no sea la de los canales de señal abierta, que no siempre brindan las mejores opciones.