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El Telégrafo

Menos carga de deuda para este y los próximos gobiernos

07 de julio de 2020

El proceso de reestructuración de la deuda pública trae resultados alentadores. El Gobierno Nacional anunció este lunes que llegó a un acuerdo con el grupo más grande de tenedores de bonos del país para que una deuda de $ 17.375 millones que tenía que pagarse hasta 2030 se aplace hasta 2040.

Con esto se alivia la carga fiscal de esta y las siguientes administraciones del país. El acuerdo con los principales inversionistas trae beneficios en flujo de caja, capital, tasas de interés, plazos de pago y períodos de gracia. Es un respiro grande ante la complicada situación fiscal que vivía el país.

El grupo de tenedores que ahora aprueban la renegociación representan alrededor de la mitad de los propietarios de bonos ecuatorianos y para que la propuesta del Gobierno se efectivice oficialmente debe alcanzarse un 66%; es decir, estamos cerca y hay buenas perspectivas para que se concrete. Por ejemplo, el Ecuador en los últimos meses ha demostrado ser buen pagador, ha recibido el apoyo financiero de organismos multilaterales y sus relaciones internacionales se encuentran en un estado saludable.

Para comprender los beneficios obtenidos hay que ver algunas cifras. En lo que resta del año, el país no pagaría ningún monto adicional por bonos soberanos, lo que significa un ahorro de $ 1.361 millones. Y de los $ 1.593 millones que se debían pagar el próximo año, solo se pagarán $79 millones. De esta manera, los recursos liberados pueden redireccionarse a otros rubros que el país necesita de manera urgente como la reactivación económica, sobre todo en la emergencia sanitaria, la atención a grupos vulnerables, entre otros.

Las primeras reacciones de analistas económicos y del mismo Fondo Monetario Internacional (FMI) fueron positivas luego de la noticia. El organismo manifestó que el proceso es oportuno y reeconstructivo.

Eso sí, el ministro de Finanzas advirtio que si bien este acuerdo es un paso importante, todavía quedan reformas estructurales para la economía y la optimización del gasto público. (O)

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