Los profesores de los colegios militares realizaron el lunes anterior un reclamo ante el Ministerio de Defensa:  exigían que se aplique la Ley de Educación y la homologación de sus salarios que estuvieron congelados durante  ocho años.

Los docentes habían sido  obligados a renunciar a otros trabajos, los que les ayudaban a redondear un mayor  ingreso. 

En adelante deberían  cumplir una jornada laboral de ocho horas, sin la compensación económica que el caso ameritaba.

Con la ejecución de la medida   se organizaron para  dialogar  con la superioridad del plantel, pero únicamente recibieron dilatorias. Luego se desplazaron  a la capital  y, para no suspender clases que podrían  perjudicar a sus alumnos,   dejaron reemplazos o enviaron a la capital a sus familiares.

Este es  un ejemplo atípico de responsabilidad para otros sectores que no han logrado visualizar una manifestación sin suspender las actividades que, aun sin proponérselo, vulneran el derecho de otros. Este proceder, durante años nos insensibilizó ante  las consignas y nos  acostumbramos al paro cíclico de una  parte del magisterio que lo utilizaba  como mecanismo de presión y chantaje.

Esta vez no ocurrió así. El reclamo de los  maestros se produjo  sin afectar a terceros, hecho que constituye un ejemplo para la ciudadanía.

También es una prueba de madurez de determinados gremios que buscan ampliar los canales de diálogo.

La promesa de  incremento salarial se produjo, lamentablemente, luego de la medida de hecho, una vez que se  agotaron todos los recursos que caben en solicitudes y reuniones.

La lección que nos deja esta actitud valiente para defender sus derechos, es que las medidas extremas se producen cuando no existe la intención o la paciencia para escuchar. Y esa delgada línea divisoria entre la tolerancia y el reclamo suele romperse con facilidad.