La Asamblea Nacional inició un debate sobre los efectos de la epidemia del covid-19 en el mercado laboral ecuatoriano en el que intervienen representantes del sector empleador y el de los trabajadores.

El Gobierno dispuso, a partir del 17 de marzo, la suspensión de la jornada laboral presencial en los sectores que no sean imprescindibles para la producción y abastecimiento de elementos necesarios para la vida, como alimentos y medicinas, además de la sustentación de servicios básicos como agua, electricidad y recolección de basura. Esto con el fin de disminuir la presencia de gente en las calles y reducir las posibilidades de contagio.

Las restricciones de movilidad implementadas por el Ejecutivo son necesarias, sin duda; sin embargo, su aplicación impacta y seguirá impactando en la economía ecuatoriana al suspender, en muchos casos, actividades de las que dependen miles de puestos de trabajo.

La situación es compleja pues, por un lado, las empresas están dejando de percibir los ingresos que les permiten adquirir materias primas, pagar servicios básicos, honrar créditos y cancelar también los sueldos de sus empleados.

Por otra parte, los trabajadores aguardan cada quincena o fin de mes el dinero que les permita proveerse a sí mismos y a sus familias de alimento, medicinas, vestido, techo, servicios y pagar deudas pendientes con los bancos.

Los primeros se encuentran en la encrucijada de dónde obtener recursos para pagar lo necesario para continuar produciendo y los segundos, el dinero para subsistir. La cuestión de fondo es cómo evitar que los empresarios resuelvan su conflicto recurriendo a despidos. Situación muy complicada, pues existen empresas donde personal ya ha sido desvinculado.

La situación requiere flexibilidad tanto de los empleadores como del sector de los trabajadores. Por ello, el Gobierno Nacional llama a que los conflictos sean resueltos en base de acuerdos durante esta crisis. (O)