Comunidad. Ese es el concepto fundamental de la Misión Casa Para Todos, uno de los programas sociales más importantes del Gobierno. No se trata solo de edificar las paredes, sino de crear comunidad que se entiende como vivir en armonía en un ambiente sano, con servicios básicos, en un espacio que garantice bienestar, seguridad e impulse el emprendimiento para autoabastecerse y generar ingresos adicionales.

Bajo ese criterio, ayer el presidente de la República Lenín Moreno entregó 27 casas construidas en terrenos de los beneficiarios en Monte Sinaí, en Guayaquil. Estas son parte de otras 200 que se hicieron en total en ese sector del Puerto Principal.

Tienen entre 51 y 57 metros cuadrados y tuvieron una inversión de más de $3 millones. Las casas cuentan con agua potable, luz, conexión para teléfono e internet. Durante la edificación de este último proyecto se crearon 80 plazas de trabajo directas y 162 indirectas, que beneficiaron a la mano de obra local y a los negocios aledaños.

En Monte Sinaí, un asentamiento urbano irregular de más de 9.000 hectáreas en la ciudad más poblada del país, el Gobierno también entregó 4.483 títulos de propiedad para legalizar los terrenos que llenaron de dinero a los traficantes desde el año 2000.

La Misión Casa Para Todos, que ha mejorado las condiciones de vida de miles de familias ecuatorianas pobres y de extrema pobreza, ha entregado 28.224 casas y 37 urbanizaciones, así como incentivos de reconstrucción 100% subsidiadas a escala nacional, especialmente en Manabí y Esmeraldas, las provincias golpeadas por el terremoto de 2016.

También están en ejecución otras 41.677 viviendas con apoyo del BID, de la Agencia Francesa de Desarrollo y el Banco Chino con créditos que se concretaron en 2019.

Pero ¿cómo se elige a los beneficiarios? En el Registro Social, una base de datos con información socio-económica y socio-demográfica de los hogares ecuatorianos y sus integrantes, que permite identificar a los potenciales beneficiarios de los distintos programas sociales del Gobierno. Programas en los que tienen prioridad las madres solteras, los adultos mayores y las personas con discapacidades.